Para comenzar a comprender porqué pagamos un impuesto invisible cada vez que compramos un PC5 o los programas Windows, hay que familiarizarse primero con una característica que distingue la informática de cualquier otro dominio tecnológico: el costo de la duplicación de productos. Una vez que un programa ha sido realizado, cosa que puede costar muy caro, se puede duplicar en un CD-Rom al costo de sólo algunos francos por copia, o se puede transmitirlo por la red a un costo que no cesa de reducirse, de manera totalmente independiente de la calidad y del costo de producción de la primera copia. Los únicos componentes cuyo costo no es infinitesimal son aquellos a los que llamamos ``el soporte'': las miles de páginas del manual de papel, o las docenas de disquettes necesarios para archivar el software cuando no se dispone de lectores de CD-Rom. Pero los editores de programas, que tienen todo el interés en hacer desaparecer ese costo fijo, no tardaron en ocuparse de ese tema: usted se habrá fijado en que los PC que se venden en los supermercados vienen acompañados de programas pero prácticamente de ningún manual, salvo alguna breve nota explicativa (sic!). Hay por supuesto manuales ``on-line'', es decir no sobre papel. Nadie va a impedirle que se gaste algunos centenares de francos para imprimirlos, si a usted se le antoja. Yo mismo pude constatar personalmente que una empresa japonesa muy conocida, cuyo nombre me reservo, vende computadoras portátiles de las más caras del mercado sin contener siquiera el CD-Rom con los programas: todo está instalado en el disco duro, y para hacer una copia de seguridad todo depende de nosotros mismos, si queremos comprar los 40 disquettes necesarios y pasar un día entero jugando a ser un disk-jockey con la máquina. Podemos decir entonces que actualmente, con estas prácticas, el costo de copia de un programa esta prácticamente reducido a cero.
Una segunda característica esencial es el status legal de un programa: por varias razones, si se piensa bien no tan extrañas, el software, ese sofisticado producto de tecnología punta utilizado por millones de personas en su vida profesional, y convertido en piedra angular de una nueva revolución industrial, goza de la misma inmunidad que las obras de arte (de hecho, los industriales del software se llaman ``editores''). Por ejemplo, no hay ninguna cláusula legal ni ninguna jurisprudencia que permita garantizar que el software haya de cumplir una determinada función, ni siquiera aquella para la cual usted lo ha comprado. Esta situación es razonable cuando se compra una novela o un cuadro (de gustibus...decían los romanos), pero deja de serlo cuando se aplica al software: usted no puede demandar a Microsoft legalmente ante la justicia por defecto de construcción, al haber descubierto que Windows 95 no está hecho con las mínimas prácticas establecidas de la ciencia informática; mientras que usted sí que puede acusar a un fontanero o a un electricista por realizar una instalación que no está hecha conforme a las normas.
Lo peor es que no hay ninguna toma de responsabilidad por los daños que el software pueda producir. De nuevo, es razonable que usted no pueda llevar a juicio a un cantante porque el último CD tecno que comprara su hijo provocara una disputa familiar en el curso de la cual se rompiera un jarrón chino valiosísimo. Pero es perfectamente inaceptable que usted se quede indefenso si pierde 200 Mb de datos comerciales muy valiosos de su disco duro a causa del vetusto sistema de archivos de Windows 95 y de su horripilante programa ScanDisk. Sobre todo sabiendo que podría probar muy fácilmente delante un tribunal que los conocimientos técnicos necesarios para realizar un producto ampliamente superior, gracias al cual no hubiera perdido sus datos, son de dominio público desde los años 70, y que el código mismo que implementa estas técnicas en el Unix de AT&T ha sido comprada por Microsoft. Pero en cambio, sí que puede arrastrar ante la justicia a su electricista si éste le instala cables eléctricos en los zócalos de madera de su apartamento6. Finalmente, una consecuencia muy grave de esta impunidad es que el ``editor'' de software no está de ninguna manera obligado, desde el punto de vista legal, a corregir los errores reconocidos y documentados, aún cuando esos fallos sean voluntarios. Dicho de otra manera, el ``editor'' de software es libre de venderle a usted lo que a él le parezca, o mejor dicho, aquello que su departamento publicitario le haga creer que compra, sin ninguna obligación de resultados, y sin que usted tenga el menor recurso, aún en caso de mala fe manifiesta. Peor aún, puede ocurrir que le hagan pagar por las versiones de ``actualizacion'', que son en realidad correcciones de defectos, a precios tan caros como el producto original. Además, este estatus jurídico tan sorprendente, estaba probablemente justificado cuando los programas eran escritos por un ingeniero en su garage, pero es absolutamente aberrante hoy en dia. Ahora nos encontramos con multinacionales del software cuyas finanzas son colosales, y no dan provecho a todos los editores de software sino solamente a los más poderosos. Está claro que una gran empresa puede y debe obligar a un prestatario de servicios informáticos a firmar un contrato contrayendo obligaciones de resultados y conteniendo cláusulas de garantía, pero por desgracia, esto no está al alcance del consumidor, ni de la mayoría de las empresas, cuando el editor de software en cuestión tiene la capacidad financiera suficiente para comprar o destruir su empresa en algunas semanas.
Me imagino que en este momento, como nuestro joven ejecutivo dinámico de hace un rato, comenzará a sentirse menos cómodo: el cyberespacio encantado comienza a mostrar sus costados poco agradables, y esta maravillosa empresa filantrópica que ha sido siempre presentada como el sumun de la tecnología informática y del éxito del libre mercado comienza a parecer cada vez menos filantrópica. Desafortunadamente, estamos solamente en el principio de nuestro paseo por el lado oscuro del planeta Microsoft, y todavía no hemos llegado a lo mejor.